El TOF N° 1 condenó a 8 años y medio de cárcel común
a los 3 genocidas de la primera causa juzgada en esa zona.
Manuel Casado se desempeñó como secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Lorenzo hasta el 25 de marzo de 1976. Luego de estar unos diez días secuestrado, período en el cual sufrió toda clase de tormentos, lo liberaron. Fue cesanteado de su trabajo en la municipalidad, y recién en 1990 pudo recuperar su puesto laboral, por decisión del Concejo Municipal.
Fue el único querellante en la causa donde fueron condenados a 8 años y 6 meses los genocidas del Cordón Industrial, Rubén Osvaldo Cervera y Horacio Hugo Maderna; y el primer civil con la misma condena que los efectores directos, Pedro Alberto “Pili” Rodríguez. Casado declaró en el juicio oral, pero falleció el pasado 13 de junio, dos meses antes de la sentencia, y no pudo ver a sus verdugos tras las rejas.
Manuel Casado el día de su declaración en el juicio
Los años del terror
"El 25 de marzo voy al cementerio a llevar flores a mi padre con mi madre y tres hermanas. Cuando regresamos, frente al Banco Nación de San Lorenzo se detienen un auto y un camión con soldados, se bajan unos soldados, me pegan dos culatazos en la parte de atrás de la cabeza y me suben al camión", relató Casado en su declaración frente al Tribunal.
A Manuel Casado lo secuestraron el 25 de marzo de 1976, en la famosa “esquina de los bancos” de San Lorenzo. Lo trasladan a la Municipalidad de San Lorenzo, donde es interrogado por Rubén Cervera, quien cumplía la función de intendente de facto, y Horacio Maderna, secretario de gobierno de esta intervención militar. Simultáneamente ejercían la jefatura del Batallón de Arsenales N° 121 de Fray Luis Beltrán.
De ese interrogatorio y esos golpes sufridos en la municipalidad, es llevado a su casa, donde se realiza un allanamiento. Luego es trasladado, ya en forma de desaparecido, al Batallón de Arsenales de Beltrán. Permanece privado de su libertad entre 48 y 72 horas. Luego deciden “blanquearlo”, pasarlo bajo dependencia del Poder Ejecutivo Nacional, y el destino que le dan es la jefatura de la ciudad de San Lorenzo.
Allí permanece detenido aproximadamente 10 días en carácter de preso político. Decidieron darle la libertad, luego de que muchos de sus compañeros trabajadores y su familia se apostaran en la jefatura. Posteriormente, Manuel relató lo que le había ocurrido. Producto de esto fue considerado un elemento subversivo y retirado de su trabajo: no solo sufrió lo peor del terrorismo de estado sino que quedó excluido de la esfera laboral durante largos años, y con temor de que lo volvieran a secuestrar.
La antesala de la verdad
“En el 2003, con la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Manuel Casado concurre a los Tribunales Federales de Rosario y radica la denuncia correspondiente por los hechos que había sufrido”, cuenta Soledad Chiodín, referente del Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial.
“La denuncia quedó efectiva en 2004 y se logra el procesamiento de Cervera, Maderna y Rodríguez. Se les libra a los tres la orden de detención”, explica. Y continúa: “Luego de algunos episodios como el intento de fuga de Maderna y el estado prófugo de Rodríguez se logra que los tres cumplan 72 días de arresto hasta que se les da la libertad bajo fianza.”
Maderna, Cervera, Rodríguez… ¡al banquillo!
Los 3 imputados en pleno juicio
El juicio por la causa de Manuel Casado comenzó el 22 de marzo de 2013, y la sentencia se dictó el 8 de septiembre del mismo año. Los jueces a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 1 fueron Otmar Paulucci, José María Escobar Cello y María Ivon Vella. Según Chiodín, “ver a los genocidas en el banquillo dando respuestas durante 4 meses y medio, fue un sueño hecho realidad”.
Un testimonio determinante fue el de Reinaldo Vivas, intendente sanlorencino depuesto por la dictadura. Frente a los jueces contó que Cervera y Maderna le propusieron que colabore con ellos, a lo que él respondió: “Yo no tengo nada que hacer acá. Esto es un golpe de Estado, a mí me eligieron por el voto. Me voy a mi casa”. Y efectivamente se fue, pero frente a la negativa del pedido de la cúpula militar, al otro día fue preso y secuestrado varios días.
El punto resaltante de la declaración de Vivas fue lo dicho sobre Pedro Alberto Rodríguez. El ex intendente depuesto, explicó que Rodríguez ingresó a la Municipalidad como su asesor personal legal, y luego fue consagrado por los militares que intervinieron como Secretario de Asuntos Jurídicos de la municipalidad. “Rodríguez es un traidor y un entregador”, aseguró Vivas, refiriéndose a que entregaba a sus compañeros de militancia dando la información necesaria al gobierno de facto para que los identificaran. Mi opinión sobre Rodríguez es esta.
“Para que el Plan Sistemático funcionara, había una cuestión fundamental que era la Inteligencia: los militares necesitaban saber sobre el territorio, quiénes eran los militantes y los obreros organizados en sindicatos u organizaciones políticas. Por eso el del 76 fue un golpe pergeñado desde el poder económico y la parte civil, y ejecutado por las fuerzas de seguridad”, manifestó la referente del espacio por la Memoria.
Además, durante el juicio hubo otras personas que aportaron el marco histórico de los acontecimientos. Tal es el caso de los periodistas José Maggi, quien contó cómo mutó la figura de Rodríguez en el tiempo y cómo logró camuflarse en democracia; y Carlos del Frade, quien realizó una reconstrucción histórica expresada en varios libros como “El litoral 30 años después” y “Santa Fue” sobre cómo y de dónde venían las órdenes que se llevaban a cabo en el Cordón.
También fueron relatos muy importantes los de Juan Nóbile, antropólogo del Equipo Argentino de Antropología Forense y director del Museo de la memoria de San Lorenzo, quien brindó material fotográfico y de periódicos de la época; Luis Lapisonde, sobreviviente de los tormentos en el Batallón de Arsenales, y Edilio Quiroga, compañero de militancia de Manuel Casado y los demás desaparecidos de la zona. Entrando acá podes leer una entrevista a Edilio.
La voz del fiscal
Luego de manifestar los tormentos sufridos por Casado, y de dejar en claro que se atacaba a los trabajadores organizados de manera sistemática, el fiscal Gonzalo Stara pidió 20 años para los militares retirados Cervera y Maderna, y 18 años para Pedro Alberto Rodríguez, el civil de inteligencia que fue considerado como partícipe necesario.
En los alegatos, Stara indicó que "los tres imputados conformaron, junto a otras personas, y bajo las órdenes de Cervera, un grupo que llevó adelante el plan sistemático de represión ilegal en la zona; para ello, cometieron secuestros, torturas y asesinatos en cumplimiento de los designios de dicho plan". Y continuó: "Todos los secuestros realizados en el Cordón Industrial fueron llevados delante de la misma manera y en el mismo operativo, dirigido por las mismas personas", haciendo referencia a las otras víctimas desaparecidas de las ciudades del Cordón.
Para el Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial, “el mayor desafío del juicio era ponerle el contenido de CÍVICO-militar a lo que fue el golpe de Estado”. Es decir, la influencia que tuvo Pedro Alberto Rodríguez como civil considerado partícipe necesario para el “señalamiento” de los militantes. El fiscal sentenció: "Bajo la dirección del jefe del Batallón, coronel Cervera, Rodríguez integró un grupo compuesto principalmente por miembros del Batallón de Arsenales, que operó en la zona llevando adelante la persecución de militantes políticos y sindicales" y agregó que "el acreditado conocimiento de los cuadros políticos y sindicales de la zona por parte del imputado le permitieron al grupo llevar adelante su misión de manera eficaz".
Defendiendo lo indefendible
Respecto a la estrategia de la defensa, Chiodín expuso: “Trascurre todo el juicio, y al momento de hacer la defensa, de replicar los argumentos que había esbozado el fiscal Gonzalo Stara, cometen el error abismal más grande que se ha escuchado en un juicio de delitos de lesa humanidad: pedir la proscripción de los hechos como si los sufridos por Manuel Casado hubiesen sido hechos de la esfera penal común (que prescriben a los 10 años) y no de delitos de lesa humanidad (que no prescriben)”.
De esta manera la defensa no negó los hechos: rectificó que Casado fue secuestrado, pero no dentro del marco del llamado “plan sistemático de exterminio”, sino que fue un secuestro común, de un particular sobre otro particular.
La referente del Espacio por la Memoria opinó que “fue una aberración, porque los abogados transitaron más de 3 meses por un juicio de lesa humanidad” y que “se trató de una falta de respeto completa a la Justicia por intentar tomarle el pelo a los magistrados y a la sociedad toda, minimizando esta cuestión a la esfera personal”.
Después de 38 años, JUSTICIA
Jueves 8 de agosto de 2013, una fecha histórica para la militancia por los derechos humanos del Cordón Industrial. Los tres acusados fueron condenados a la pena de 8 años y 6 meses de prisión, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, calificada por su carácter de funcionarios públicos y por mediar violencia y amenazas, en concurso real con la aplicación de tormentos, calificado por ser la víctima un perseguido político. Tanto Cervera como Maderna fueron condenados en condición de coautores de los delitos. Rodríguez, en cambio, fue encontrado como “partícipe necesario”. Clickeá acá para leer la crónica de la sentencia.
En diálogo con el diario rosarino La Capital, el presidente del TOF N°1, Otmar Paulucci, indicó sobre la sentencia: "Puede preguntarse por qué a Rodríguez se le dio la misma pena que a los que ordenaron la detención y la tortura. Porque su colaboración fue más importante; porque era el que realmente tenía la información clave para detener a Casado. Era la llave. Si él no decía nada, no encontraban a la víctima. Y no era un empleado que se asustó y colaboró por miedo a que le pasara algo a él. Sabía lo que hacía, y es más; después obtuvo un ascenso en la Municipalidad".
Próximo objetivo: la “Causa Grande”
La sentencia de la causa Casado fue un avance monumental en la lucha por la justicia del Cordón. Sin embargo, fue solo un primer escalón hacia la victoria final: aún queda por delante la llamada “Causa de los Trabajadores” (o Causa Grande). Se trata de la que juzga las desapariciones de 17 compañeros del Cordón Industrial, que militaban junto al sindicalista. Soledad Chiodín, dijo al respecto: “Se encuentra en plena etapa de instrucción, casi llegando al final de esa etapa que es donde se presentan todas las pruebas. Estamos a la espera de que en las próximas semanas sean llamados a indagatoria los considerados responsables de los hechos”. Los responsables son, en efecto, los mismos imputados que la causa Casado. Desde los organismos de derechos humanos esperan la condena de prisión perpetua.
